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jueves, diciembre 3, 2020
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Ha llegado el momento de un ajuste de cuentas sobre el abuso de inmigrantes en EE. UU.




A mediados de septiembre, varias organizaciones, incluida Project South, presentaron una queja con el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS OIG) sobre el abuso médico que enfrentan los inmigrantes en el Centro de Detención del Condado de Irwin en el estado estadounidense de Georgia. Proporcionó detalles impactantes de negligencia médica, incluido un gran número de procedimientos ginecológicos invasivos con procedimientos de consentimiento dudoso, que en algunos casos condujeron a la esterilización. La denuncia se basó en parte en las revelaciones de Dawn Wooten, una enfermera denunciante empleada en el centro.




Según informes de los medios de comunicación, al menos 57 mujeres han presentado denuncias de procedimientos ginecológicos forzosos y dañinos soportados a manos del médico contratado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para brindar atención médica y algunas han enfrentado represalias por parte de las autoridades por hablar arriba. El abuso médico en el centro de detención ha vuelto a sacar a la luz la necesidad de que la comunidad internacional investigue las prácticas del DHS y su agencia, ICE.







Varias semanas después de que se presentó la denuncia, el 23 de octubre, las representantes de la Cámara de Representantes Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Ayanna Pressley enviaron una carta a las Naciones Unidas, pidiendo una investigación exhaustiva, imparcial y transparente por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre las numerosas, persistentes y graves violaciones cometidas con impunidad por el DHS contra los inmigrantes detenidos bajo su custodia.




Poco después, varias organizaciones de la sociedad civil, incluido Project South, presentaron un comunicación a la Oficina de Procedimientos Especiales de la OACNUDH con los mandatos pertinentes, solicitando también una investigación. El documento también pide a la ONU que inste al gobierno de los EE. UU. A tomar todas las medidas necesarias para poner fin al abuso y a proporcionar reparación y reparación completas a quienes han sufrido bajo la custodia de ICE en el Centro de Detención del Condado de Irwin y los centros de detención de inmigrantes en todo el territorio. país.







Los diferentes titulares de mandatos tomarán decisiones sobre qué seguimiento es necesario. Pueden emitir una declaración de preocupación instando a poner fin a las prácticas abusivas dentro de la detención de inmigrantes, la protección y reparación de las mujeres que se han presentado; solicitar una invitación de los EE. UU. para realizar una visita al sitio para permitir una investigación independiente y consultas con las partes afectadas, otras partes interesadas y representantes del gobierno de EE. UU. y, en última instancia, puede emitir una comunicación formal de sus hallazgos y recomendaciones, incluida la urgencia de poner fin a la detención de inmigrantes, excepto en circunstancias extremadamente limitadas y solo como último recurso, de conformidad con el derecho internacional.




Una declaración o comunicación de los mecanismos de derechos humanos de la ONU puede entonces formar la base de la promoción dentro de los EE. UU., Especialmente con la administración entrante de Biden y dentro de la comunidad internacional, incluidos los países cuyos ciudadanos han sido perjudicados directamente.







Estas solicitudes formales enviadas a la ONU son un reconocimiento del fracaso de las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos para poner fin a una historia de abuso dentro de la detención de inmigrantes. Esto no es solo un fracaso de la administración Trump, sino de administraciones sucesivas que han seguido aplicando políticas de inmigración que violan los derechos humanos básicos y la dignidad y enriquecen las corporaciones penitenciarias privadas.




Las violaciones perpetradas por funcionarios de ICE han persistido y también los abusos en centros de detención privados. ICE ha continuado y ampliado los contratos con tales instituciones. incluyendo Correcciones LaSalle, que opera el Centro de Detención del Condado de Irwin. El año pasado, el propio inspector general de ICE emitió un informe que detalla varias violaciones por parte de los centros de detención, incluida la provisión inadecuada de alimentos y servicios médicos.







Las organizaciones de derechos humanos también han encontrado pruebas de diversas formas de abuso, incluidas las privaciones del derecho a la libertad de religión; negligencia médica con consecuencias fatales; condiciones de detención insalubres e inhumanas; separación forzosa de los niños de sus padres; muertes de inmigrantes a manos de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos; y represalias contra denunciantes y otras personas que buscan reparación por los abusos cometidos durante la detención.




Durante años, los inmigrantes en el centro y los defensores de los derechos humanos han estado pidiendo el reconocimiento de su derecho a la dignidad y a ser tratados con humanidad, pero con poco éxito.







Habiendo sido testigos durante mucho tiempo de la negativa de las autoridades estadounidenses a responsabilizarse por estos graves abusos, nosotros, como expertos legales, hemos trabajado juntos en la búsqueda de la rendición de cuentas a través de las instituciones internacionales.




En mayo de 2018, Project South y Penn Law Transnational Legal Clinic enviaron un carta a la OACNUDH, que detalló las numerosas violaciones sufridas por los inmigrantes detenidos tanto en Irwin como en Stewart, incluido el uso desenfrenado de la incomunicación como forma de castigo y control; trabajo forzoso y explotación del trabajo de inmigrantes; atención médica alarmantemente inadecuada, negligente y negligente, así como el suministro de alimentos y agua insalubres; un desprecio por las creencias culturales y religiosas de los inmigrantes y la discriminación basada en la raza; negación del debido proceso; e injerencia en el derecho a la vida familiar.




En octubre de 2018, 11 órganos independientes independientes de vigilancia de los derechos humanos que operan bajo los auspicios de la OACNUDH enviaron una comunicación formal al gobierno de los EE. UU. Expresando su grave preocupación por las denuncias de abusos de derechos cometidos contra personas detenidas por motivos de inmigración en el centro de detención del condado de Irwin y la detención de Stewart. Center, también en Georgia y dirigido por la corporación con fines de lucro CoreCivic.

En los dos años desde que enviamos esta carta, hemos pedido repetidamente al gobierno de los Estados Unidos que ponga fin a estos abusos, pero en cambio, han persistido. Entre octubre de 2018 y ahora, se informa que 30 inmigrantes murieron bajo custodia de inmigrantes, cuatro de los cuales fueron detenidos en Stewart.




Ha llegado el momento de que el DHS y el ICE tengan sus cuentas. La comunidad internacional debe responder dirigiendo una investigación independiente, exhaustiva y transparente que, en última instancia, dé como resultado la rendición de cuentas y la reparación del número incalculable de inmigrantes y sus familiares que han sufrido a manos de ICE y los contratistas que se benefician de su detención y abuso.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente la postura editorial de Al Jazeera.








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